La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández, planteó ante la Comisión de Justicia e Interior del Parlamento andaluz, que actualmente tramita la reforma de la Ley andaluza contra la Violencia de Género, que esta modificación incluya la regulación de la publicidad de prostitución y de servicios sexuales. Fernández, que ha recordado que el 95% de la población señala a los medios de comunicación como su primera fuente de información sobre la violencia machista, ha propuesto también que la ley recoja claramente los deberes y funciones de estos de acuerdo a su nivel de responsabilidad.

La regulación de la publicidad de prostitución y servicios sexuales frecuente en los medios de comunicación es una de las claves para luchar contra la explotación sexual y la trata de mujeres, ha subrayado Fernández. En su opinión, el compromiso de buenas prácticas publicitarias para la supresión de anuncios de prostitución, suscrito el pasado mes de marzo entre la presidenta de la Junta de Andalucía con una veintena de responsables de medios de comunicación, marca el camino a seguir, por lo que ha propuesto que dicho compromiso sea recogido legalmente en este proyecto de ley.

Las propuestas planteadas por la presidenta del CAA, a la Comisión de Justicia e Interior se basan en la dilatada experiencia del Consejo sobre la violencia machista en los medios de comunicación. Desde 2010 se realiza un seguimiento pormenorizado, cualitativo y cuantitativo, sobre el tratamiento informativo de la violencia de género en las televisiones públicas andaluzas que permite extraer una radiografía de cómo son estas noticias y su relevancia en la agenda informativa.

Las conclusiones de estos informes cristalizaron en la Guía para el Tratamiento Informativo de la Violencia de Género. Se trata de un exhaustivo análisis y actualización de los códigos deontológicos y recomendaciones existentes en España. Su objetivo es preservar el derecho a la libertad de información que, en el caso del tratamiento informativo de la violencia machista, ha de conciliarse con la responsabilidad y las obligaciones legales que afectan a los medios y los periodistas.

Difundir información de servicio para las víctimas, obligatorio

En su comparecencia, la presidenta del CAA ha recalcado la relevancia de los medios de comunicación en la prevención y la lucha contra la violencia machista, por lo que considera necesario que el proyecto de ley de modificación recoja claramente los deberes y funciones de los medios en función de su nivel y responsabilidad. En este sentido, se ha referido a los medios de titularidad pública, cuya función de servicio público refuerza las exigencias relativas a la difusión de contenidos adecuados para combatir la violencia de género, y también a los privados sometidos a licencia, que son de interés general porque utilizan el espacio radioeléctrico.

Así, ha planteado la conveniencia de que la reforma legislativa recoja la obligación para todos los medios de comunicación, sobre todo los de titularidad pública, de difundir la información sobre la protección a las mujeres, sobre los recursos que están a su disposición y sobre las campañas de sensibilización de interés general. También la exigencia de difundir programas de sensibilización e impulsar acciones de publicidad específicas para la prevención y erradicación de la violencia de género, en especial cuando se produzcan situaciones de alarma social.

Otra de las medidas propuestas pasa porque las campañas de sensibilización rompan la estacionalidad y su difusión sea continuada, y adicional a las que se realizan con motivo de las fechas conmemorativas. Y que estas campañas, ha señalado Fernández, incorporen mensajes destinados a la prevención de la violencia machista, a su denuncia, rechazo social, salida y superación.

La presidenta del CAA ha planteado también la promoción de ayudas para la creación de contenidos -series, cine, programas de entretenimiento- que favorezcan la igualdad y fomenten relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, así como establecer convenios con la administración de Justicia para que facilite a los medios el acceso a la información judicial por parte de los medios de comunicación, lo que contribuye -según ha constatado a través de su experiencia el Consejo- a divulgar las sentencias condenatorias de juicios por violencia de género.

Por otra parte, Fernández ha planteado a la Comisión parlamentaria que valore la posibilidad de concretar los supuestos jurídicamente indeterminados en nuestra legislación relacionados con la discriminación de la mujer, como sexismo, estereotipos, dignidad de la mujer o violencia gratuita, que dificultan la actuación sobre conductas contrarias a la igualdad. También ha defendido identificar qué estereotipos coadyuvan a la violencia de género.

Formación de los profesionales de la información y corregulación

La formación de los profesionales de la información es un asunto muy relevante también para la presidenta del CAA, que ha destacado la elevada presencia de actores ocasionales, como vecinos y allegados de víctima y agresor en las noticias sobre violencia de género, en contraste con el poco protagonismo de personas expertas en estas informaciones. Así, ha propuesto que la nueva ley contemple de forma expresa la obligación de las empresas de medios de comunicación, en función de su dimensión y posibilidades, de favorecer e incentivar la formación de los profesionales que abordan contenidos relacionados con esta materia.

La corregulación ha sido otra de las medidas planteadas como una herramienta eficaz para conseguir que los medios suscriban una serie de compromisos claros en el correcto tratamiento informativo de la violencia de género que puedan ser de obligado cumplimiento, y exigibles por parte del CAA en caso de vulneración de los mismos.

Fernández ha defendido también el establecimiento de mecanismos que posibiliten que empresas y medios de comunicación no reincidan en la difusión de contenidos y publicidad sexista, discriminatoria, vejatoria, estereotipada o que justifique, banalice o incite a la violencia hacia las mujeres. Asimismo, ha propuesto que los medios públicos andaluces impulsen códigos de conducta que contribuyan a erradicar los estereotipos sexistas y a fomentar la igualdad en la publicidad.

Por último, la presidenta del CAA ha planteado además la posibilidad de que los medios de comunicación elaboren un informe anual en el que reflejen las acciones puestas en marcha para fomentar la igualdad y contribuir a la lucha contra la violencia machista. Se trata, ha revelado, de una medida que se está llevando a cabo en otros países de nuestro entorno, cuyos resultados están siendo muy positivos.