Hace unas semanas trascendió que Google planea el lanzamiento de una versión censurada de su buscador en China. A cambio de poder operar comercialmente en el país, el proyecto de Google, denominado “Dragonfly”, identificaría y filtraría de forma automática sitios web y términos de búsqueda bloqueados por decisión del gobierno, de acuerdo con información de The Intercept.

Tras conocerse la noticia, las reacciones no tardaron en llegar. Desde Google, la respuesta fue evasiva. “No comentamos sobre especulaciones de futuros planes”, dijo Taj Meadows, vocero de la compañía, a la agencia AFPC.

Incluso los propios empleados manifestaron su repudio al posible acuerdo. De acuerdo con información difundida por el New York Times, más de 1400 empleados descontentos con la decisión de la compañía firmaron una carta en la que demandaron “más transparencia, un asiento en la mesa [de toma de decisiones], y el compromiso de aclarar y abrir el proceso: los empleados de Google necesitamos saber qué estamos construyendo”.

Los empleados señalaron que los pedidos de censura “generan problemas morales y éticos urgentes” y que ellos no cuenta con la información necesaria para “tomar decisiones éticamente informadas sobre nuestro trabajo, nuevos proyectos y nuestro empleo”.

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó a Google no ceder a las demandas del gobierno al acceder a lanzar una versión censurada de su buscador porque significaría un serio golpe a la libertad de información. “Con el pretexto de defender la soberanía nacional, el gobierno del Presidente Xi Jinping está ejerciendo una gran presión para imponer su modelo de censura y vigilancia en el mundo”, aseguró el responsable de RSF para el Este de Asia, Cédric Alviani.

En la misma línea, el Jefe de Periodismo y Tecnología de la organización, Elodie Vialle, planteó que “si se confirma, este proyecto proveerá a Beijing con una forma adicional de presionar y sobornar a Google, y ayudaría a normalizar el modelo represivo de China al legitimar sus demandas draconianas”.

Electronic Frontiers Foundation (EFF) sumó su rechazo: “Google es un gatekeeper de Internet para la gran mayoría del mundo. Es el portal a través del cual muchos acceden a Internet y a través del cual Google mismo continúa recolectando información de los usuarios a través de una variedad de plataformas. Con tal responsabilidad, todos -dentro y fuera de Google- necesitamos permanecer atentos y continuar haciendo que el gigante rinda cuentas”, señaló en su comunicado. Además planteó que “evitar la supervisión interna y las críticas no evitará las consecuencias negativas que vendrán de lanzar un servicio cómplice, o las consecuencias dañinas para los usuarios chinos cuando los compromisos asumidos por Google sean usados en su contra”. “Es mejor tener este debate ahora, en público, que levantar las piezas cuando el daño esté hecho”, concluyó.

Organizaciones de periodismo también manifestaron su preocupación por la decisión de Google. El “Comité de Protección del Periodismo” (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Nueva York, que nuclea a expertos de distintas partes del mundo planteó que “no solo la compañía estaría ayudando directamente al gobierno a censurar noticias domésticamente -filtrando resultados de búsqueda para remover sitios de noticias que el gobierno considera inapropiados- sino que también estaría enviando el mensaje a otras compañías y otros países, que cambiar los principios de libertad de expresión por acceso a mercados lucrativos es aceptable”.

CPJ además planteó que “el proyecto secreto de Google representa una traición a los principios de GNI [Global Network Initiative]”. GNI es un consorcio formado por empresas y organizaciones dedicadas a la protección de los derechos humanos que “ayudan a las compañías a respetar la libertad de expresión y derechos de privacidad frente a las presiones de los gobiernos para la entrega de datos de los usuarios, remoción de contenidos, o restricción de las comunicaciones”.

Desde OBSERVACOM también venimos planteando el rol de los intermediarios como “gatekeepers” que pueden tanto promover como amenazar la libertad de expresión. En el estudio “Nuevos y viejos gatekeepers de Internet”, señalamos que los intermediarios ya no son solamente “soportes técnicos” o “carreteras de paso”, sino que intervienen y afectan los contenidos de sus usuarios.

El informe plantea que los mecanismos de autorregulación no son suficientes pero enfatiza en que el punto de partida de cualquier regulación para el nuevo ecosistema digital debe cumplir con los estándares internacionales de libertad de expresión. También se propone avanzar sobre el concepto de “neutralidad de plataformas” como complementario al de “neutralidad de red”. “Los estándares interamericanos sobre libertad de expresión incluyen el principio de neutralidad de red como una condición indispensable para la libertad de expresiónn en Internet… El mismo principio debería alcanzar a otros intermediarios -es decir, no sólo a los ISP y empresas de telecomunicaciones- con el mismo fin de garantizar la diversidad, el pluralismo y el acceso a una Internet libre y abierta”, plantea OBSERVACOM.