La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de Argentina aprobó por voto mayoritario la fusión entre Cablevisión y Telecom, dando cierre al mayor acto de concentración en la industria de las tecnologías de la información y la comunicación del país.

Esta fusión por absorción había sido anunciada por ambas compañías en julio de 2017 y en diciembre de ese mismo año obtuvo el visto bueno del regulador convergente, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que estableció algunos requisitos sobre compartición de infraestructura, condiciones comerciales para ofertas paquetizadas y devolución de espectro.

En la actualidad, estos aspectos, sobre los que también puntualiza la CNDC, son objeto de discusión en el Congreso a raíz de los debates por la “Ley Corta”, que obtuvo dictamen en la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado y comenzará a ser tratada por el pleno.

Las obligaciones de la CNDC

El dictamen de Defensa de la Competencia plantea una mirada complaciente del proceso de fusión a partir de consideraciones en las que destaca, primero, los beneficios de la operación para las propias empresas y luego, para los consumidores.

“La concentración le permitiría a la empresa fusionada reducir los costos financieros y aumentar las posibilidades de acceso al mercado de capitales, permitiéndole a la nueva empresa aprobar proyectos de inversión que de otra manera hubieran quedado fuera de su análisis. Que, en segundo lugar, la Comisión reconoce que la concentración implica un ahorro de costos fijos que puede implicar efectos dinámicos positivos. Dichas eficiencias incentivarían la inversión de los operadores del sector, con los consecuentes efectos positivos en la calidad de los servicios…Que, además, se han identificado los beneficios surgidos de proveerle a los consumidores servicios empaquetados, como así también el aprovechamiento por parte de la fusionada de las ventajas de la convergencia tecnológica”, señala el documento.

En consecuencia, desde la perspectiva de la CNDC, los imperativos de los mercados y la convergencia tecnológica hacen necesaria la concentración que, al parecer, también beneficiaría a los usuarios. Pero para mitigar sus efectos sobre la competencia, el organismo considera “que la operación requiere de remedios”.

La CNDC “impone obligaciones y remedios” que, como se desprende de la lectura del dictamen, retoman las propuestas de la propia empresa. Así, el “profundo estudio de mercado” que el titular Esteban Greco aseguró realizar a través de consultas con distintos actores, en la práctica se limitó a aceptar condiciones de autorregulación.

El dictamen se centra en cuatro aspectos que tienen que ver con las condiciones de acceso y uso de las redes fijas y móviles.

  • La empresa fusionada debe desprenderse de 143.464 clientes del servicio de banda ancha fija en 28 localidades del país, ubicadas en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Este proceso de desinversión se hará a través de la venta de clientes de ARNET (marca con la que Telecom ofrece servicios de banda ancha) a UNIVERSO NET. Esta última es una empresa familiar, que brinda servicios de TV por cable en provincia de Buenos Aires, así como también en el sur del país, en el país vecino, Chile y tiene operaciones en Andalucía (España).
  • Como consecuencia de lo anterior, Telecom tendrá la obligación de arrendar su infraestructura para que UNIVERSO NET tenga acceso a su red de fibra hasta que consolide su posición en el mercado, así como también brindarle a éste y cualquier otro operador un servicio mayorista de Internet residencial mediante una oferta de referencia y permitirle operar bajo la marca ARNET.
  • En relación a la red móvil, la CNDC prohíbe el uso del excedente de espectro a la empresa fusionado (unos 80 Mhz) y recomienda a ENACOM agilizar su devolución para que pueda ser utilizado por operadores móviles virtuales a partir del establecimiento de una oferta de referencia y estar a disposición para futuras licitaciones.
  • Por último, se establecen condiciones comerciales para las ofertas de cuádruple play (oferta conjunta de telefonía fija, móvil, banda ancha y TV paga). La CNDC establece un período de seis a doce meses según la región para que la empresa fusionada pueda ofrecer los servicios paquetizados. El compromiso tiene lugar hasta el 1 de enero de 2019 -como lo había establecido ENACOM- o hasta que se habilite la posibilidad de ofrecer TV satelital para todos los operadores. Esto último es uno de los aspectos centrales del debate sobre la “Ley corta”.

 

¿Y la otra mitad de la ecuación de convergencia (el audiovisual)? ¿Y el poder significativo de mercado?

El dictamen de la CNDC sostiene que “la operación notificada produce una variedad de efectos que no pueden ser analizados en forma aislada ni estática. El contexto en el que se produce la fusión incluye aspectos tecnológicos, regulatorios y de configuración del sector TIC en Argentina”.

Sin embargo, como señaló el investigador Martín Becerra, la resolución de la CNDC no aborda las ventajas competitivas que de aquí en más tendrá la empresa fusionada al estar presentes en todos los segmentos (prensa, TV abierta y pago, telefonía fija, telefonía móvil e Internet), lo que le permite distorsionar precios mayoristas y minoristas, acceso y exclusión de contenidos.

En efecto, a las objeciones a la fusión que aludían a la posición de Cablevisión en el sector audiovisual, que fueron esgrimidos tanto por las telefónicas -Telefónica y América Móvil-, como los cableros pymes -Cablevideo Digital- y las organizaciones de derechos humanos -CELS-, la CNDC respondió con el mismo argumento. “La empresa TELECOM no se encuentra presente en actividades de radiodifusión, tanto de producción como de distribución de contenidos. En consecuencia, la posición del Grupo Clarín en los mercados ligados a actividades de medios de comunicación tales como televisión abierta, televisión paga y señales de televisión paga es previa a la operación de concentración y no se ve modificada como consecuencia de la fusión bajo análisis. Por ende, no se advierte que la presente fusión genere incentivos para restringir el acceso a los contenidos a sus eventuales competidores de televisión paga”, puede leerse en el dictamen.

De este modo, se elude una de las variables para el análisis de los efectos que la propia Comisión postuló: la configuración del sector TIC en Argentina. La evaluación identifica y define mercados relevantes, de los cuales excluye el empaquetamiento de servicios aludiendo a la evolución tecnológica, pero curiosamente evita referirse a la posición del operador significativo de mercado.

Estas limitaciones en el análisis de mercados convergentes no solo es propia del estudio desde la perspectiva del organismo de la competencia sino que también está presente en la discusión regulatoria promovida desde el oficialismo, como lo evidencian las demandas de distintos sectores en el tratamiento de la “Ley Corta”, que también evita una la discusión sobre las condiciones de acceso, producción y distribución de los contenidos.

Esto resultaría llamativo incluso en la tradición norteamericana del organismo de competencia, siempre proclive a las “megafusiones”. En la operación entre AT&T y Time Warner, aún cuando su resultado fue favorable para las empresas, en el análisis del Departamento de Justicia se contempló el poder de negociación y control sobre la programación y acceso a contenidos.